Las organizaciones ambientales de Bolivia a iniciativa de LIDEMA se pronuncian, en defensa de las naciones indígenas y el medio ambiente:
PRONUNCIAMIENTO
La flexibilización de las normas ambientales vulnera los derechos de las naciones indígenas y originarias y de la madre tierra.
La flexibilización de las normas ambientales vulnera los derechos de las naciones indígenas y originarias y de la madre tierra.
Ante recientes declaraciones de autoridades del sector hidrocarburífero, en sentido de que en Bolivia existen cinco amenazas de carácter ambiental que pueden frenar el desarrollo de proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo en territorio nacional, y que “reglamentarán la consulta para demostrar que los pueblos indígenas no tienen derecho al veto”, las instituciones y organizaciones firmantes señalamos que este intento de flexibilizar los recaudos socioambientales contradice la voluntad expresa de los bolivianos y bolivianas de proteger el patrimonio natural y cultural del Estado Plurinacional, en la medida que ponen en tela de juicio las conquistas alcanzadas por las organizaciones sociales y el movimiento ambiental, en las luchas contra los gobiernos neoliberales. Estas conquistas quedaron establecidas en la nueva Constitución Política del Estado, CPE, cuyo artículo 299, parágrafo II señala que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, entre las que se encuentran las autonomías indígena originario campesinas, ejercerán la función de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. Así mismo, en el artículo 312, se señala que todas las formas de organización económica tienen la obligación de proteger el medio ambiente. Por otra parte, pretende vulnerar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 30, parágrafo II, incisos 15, 16 y 17 de la CPE, garantiza su derecho a la consulta previa obligatoria respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan, así como a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables existentes en su territorio. Igualmente, quebranta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos suscritos y ratificados por el país. De la misma manera, la administración y preservación de áreas protegidas está también contemplada en la NCPE, como competencia de los diferentes niveles del Estado, toda vez que constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable (artículos 298, 304, 385). Si bien coincidimos en que la normativa ambiental no ha sido aplicada en su plenitud, es contradictoria con otras normas y requiere de actualización y complementación en el marco de la Constitución Política del Estado, las modificaciones que se realicen para agilizarla y hacerla más preventiva y coherente, deben responder a un proceso en el que participen todos los bolivianos. Sin embargo, expresamos nuestro desacuerdo con la intención manifiesta de buscar una flexibilización y abrir las puerta de forma irrestricta a la extracción intensiva de los recursos no renovables, sin regulaciones ni recaudos concordantes con las políticas y visiones expresadas en la CPE. Lo contrario significaría eludir las responsabilidades sociales y ambientales y desconocer los derechos de la Madre Tierra, dando continuidad a un modelo primario exportador que está siendo duramente cuestionado por el Presidente del Estado Plurinacional. Es necesario recalcar una vez más que la dimensión ambiental, así como la social, no son un obstáculo para el desarrollo; sino la garantía para su sostenibilidad, así como para asegurar el vivir bien del pueblo boliviano, principalmente de las actuales y futuras generaciones de las naciones indígenas y originarias. Por ello, llamamos a las autoridades nacionales a reflexionar sobre sus posiciones anticonstitucionales y a superar el falso dilema entre desarrollo y protección ambiental, entendido éste último, como la forma de garantizar la conservación de la base productiva y el buen vivir de la población boliviana.
